LO QUE PROPONEMOS DESDE EL FORUM DE EUSKADI

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Tras leer con atención y detenimiento el documento LO QUE PROPONEMOS DESDE EL FORUM EN EUSKADI que me habéis remitido por la forma habitual, y siendo consciente que por causas ajenas a mi voluntad no he podido participar en su proceso de debate y elaboración, me gustaría no obstante hacerte llegar algunas consideraciones al respecto y a título estrictamente personal. 

Habría ciertamente algunas cuestiones más que las que expresamente indico a continuación que, desde mi punto de vista, requerirían ciertas matizaciones. Pero estas son las que, por el momento, considero más relevantes: 

En el primer apartado, referido al Pacto Escolar para la sociedad vasca del siglo XXI, y tras haber establecido un primer objetivo (“Plan escolar fruto del acuerdo político y social”) y una línea estratégica número 4 (“crear una cultura de la participación social”), se incluye una actuación, la número 5, relativa al “liderazgo de la administración educativa”. En mi opinión, cabría hacer importantes apreciaciones al respecto: 

         En la medida que la administración educativa tiene un carácter exclusivamente político, como resultado de los procesos electorales que acontecen, generalmente, cada cuatro años, y es, por tanto, cambiante y detentada por el partido político concreto que conforme el gobierno en un momento dado, surge la duda de si el citado pacto escolar se situaría por encima del programa particular al respecto de dicho partido gobernante, en qué medida y con qué garantía. 

         Si la consecución práctica de ese hipotético plan escolar y el nivel de acuerdo alcanzado en torno al mismo fueran finalmente lo suficientemente sólidos y sustentables en el tiempo por encima de los sucesivos avatares políticos, correspondería entonces a la administración educativa, la ostenten unos u otros, el desarrollo, la materialización y la gestión del mismo. Pero no su liderazgo, que habría de ser distribuido entre todos los agentes partícipes del pacto. Es decir, el verdadero liderazgo radicaría en el propio pacto, más que en las personas o partidos políticos concretos que, coyunturalmente, lo vayan gestionando. 

         Consecuentemente, y precisamente por lo anterior, el propio pacto debería incluir mecanismos de control para su desarrollo y seguimiento, en los que deberían participar más agentes que la propia administración educativa, ya que ella misma debería estar sometida a dicho control externo. 

         Por otro lado, no se puede olvidad que, en base a la legislación actual, las administraciones educativas desempeñan una doble función: la normativa con carácter general para todo el sistema educativo en su conjunto y todos los centros y, además, la titularidad de la red pública de centros docentes. Y es precisamente esta última la que más se debería reforzar, puesto que las sucesivas administraciones educativas de las últimas décadas, independientemente de su color político, han venido haciendo dejación de la misma: mientras que las organizaciones de centros privados y concertados (Ikastolak, Kristau Eskolak, AIC…) ejercen de forma efectiva como organizadoras, coordinadoras y defensoras de los mismos, no hay una contrapartida similar en lo concerniente a los centros de titularidad pública. 

En el tercer apartado, referido al profesorado, se plantea como línea estratégica número 5 “establecer sistemas de evaluación y reconocimiento de la práctica docente”. Esto plantea también algunas cuestiones que, a mi modesto entender, pueden resultar bastante problemáticas: 

         Por una cuestión evidente de competencia legal, referida, precisamente, a la titularidad de los centros comentada en el punto inmediatamente anterior, esto parece factible únicamente en los centros públicos, puesto que la administración educativa no tiene ninguna competencia de gestión de personal en los privados y concertados, más allá de la verificación de las titulaciones requeridas para la docencia. 

         Además, dicha evaluación tendría que referirse necesariamente a las funciones previa y legalmente atribuidas a los diferentes puestos docentes. Y en este punto surge el problema de que éstas no están suficientemente definidas con carácter legal y, por tanto, preceptivo: actualmente, la única referencia explícita en la norma a las funciones atribuidas y, consecuentemente, exigibles al profesorado es el artículo 91 de la LOE. Y éstas son tan genéricas que no permiten diferenciar entre el profesorado de los distintos niveles y etapas (Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato, FP, Escuelas Oficiales de Idiomas, EPA, Música…), ni por áreas o materias (Educación Física, Pedagogía Terapeútica, Consultoría y Orientación, Euskara, Matemáticas, Historia…), cuando la realidad demuestra que en la práctica cotidiana las condiciones y requerimientos concretos son muy distintos en unas y otras. Esto ya viene generando serios problemas en los procesos de provisión de personal de los centros públicos: comisiones de servicio, incapacitación para la docencia, adecuación al perfil de la plaza… En definitiva, no se puede plantear una evaluación de la práctica docente cotidiana sin sentar previamente las bases legales de una definición más precisa de las funciones diferenciadas de cada puesto docente, puesto que éstas han de constituir el referente ineludible para aquella. 

         Por otro lado, en este mismo apartado 3 se propone una línea estratégica número 7 que consiste en “ampliar las vías de representación del profesorado en los procesos de negociación, diferenciando el campo específico de los sindicatos”. Cabe, sin embargo, recordar que, hoy por hoy, los sindicatos constituyen las únicas organizaciones legalmente representativas del mismo, puesto que son las únicas elegidas por sufragio directo, por lo que no pueden ser obviadas, minimizadas ni infra-representadas. Y tienen, además, la consideración legal de agentes sociales y, en nuestro ámbito, educativos. Este aval democrático sólo lo comparten con las asociaciones de madres y padres, y sus respectivas federaciones. Son precisamente el resto de organizaciones no sometidas al refrendo de las urnas las que corren el riesgo de funcionar más como grupos de presión en defensa de intereses particulares o corporativos, por lo que la valoración de su representatividad real no puede hacerse sin esta consideración, que ha de verse necesariamente reflejada en cualquier foro u órgano de participación y decisión. Los sindicatos constituyen un agente imprescindible y de primer nivel, no sólo reducido al ámbito de las condiciones laborales, sino al de la planificación, ordenación, diseño, seguimiento y gestión del sistema educativo en su conjunto. Más aún, en atención a los propósitos de “acuerdo político y social” y de “cultura de la participación social” expresados al comienzo del propio documento. 

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PEDRO JOSÉ MACHO AGUILLO

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